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Beatriz Rojas
La falta de acceso a la salud y la educación para las personas de la comunidad lésbico-gay-bisexual-transexual-intersex (LGBTI) quedó de manifiesto en el estudio “Atención a personas LGBTI en México”, realizado por la Fundación Arcoíris por la Diversidad Sexual en siete estados del centro de la república. Con este estudio, se busca incidir en los planes federales y estatales de desarrollo a fin de que se integren políticas públicas orientadas a la comunidad LBTI y garanticen sus derechos humanos.
Se analizaron los niveles de discriminación relacionados con la salud, educación, seguridad social, trabajo, seguridad personal, justicia y los delitos focalizados y se determinó que más del 50 por ciento de las personas encuestadas consideran que el personal de salud no está debidamente capacitado para atender a personas LGBTI.
“La educación y la salud son derechos básicos que las personas necesitan para poder no solamente desarrollarse sino sobrevivir. Por otro lado, al interior de los espacios laborales, se impide que las personas puedan avanzar en un proyecto profesional exitoso. En el campo de la seguridad pública, las denuncias de las personas LGBTI no son tomadas en serio, no se persiguen realmente, no se aclaran los delitos que se cometen”, lamentó en entrevista la coordinadora general de este estudio, Gloria Careaga Pérez al indicar que en todos los rubros analizados se encontró discriminación y que la variante es la manera en que ésta se da.
Otro factor importante, detalló Careaga Pérez, es que se encontró que los miembros de esta comunidad no conocen sus derechos ni saben de qué manera presentar una denuncia.
En el área de la salud, explicó que: “el problema principal es que la medicina en nuestro país no tiene información con respecto a cuáles son los padecimientos principales que enfrenta esta población y que son tratados como cualquier otro paciente sin considerar su condición específica o se les estigmatiza dentro del VIH SIDA y eso limita el tratamiento adecuado para la persona.”
Hizo notar que el desconocimiento que se tiene en el país sobre el tema se refleja en que los servidores públicos recomiendan a los miembros de esta comunidad que no rebelen su preferencia sexual.
A nivel nacional, informó, ya se estableció una mesa de trabajo con el secretario de salud, mientras que también se está trabajando con la CONAPRED, la Policía Federal y la Secretaría del Trabajo, situación que se pretende replicar a nivel estatal.
Nula respuesta estatal
Lamentablemente la respuesta institucional en nuestro estado no se ha visto reflejada, ya que a pesar de que meses atrás la asociación Michoacán es Diversidad hizo un llamado a las instituciones para que tomaran en cuenta en su plan de trabajo para el 2017 a la comunidad LGBTI, no se obtuvo respuesta, señaló el presidente de dicha organización, Raúl Martínez.
En Michoacán, se ha diagnosticado que el 15 por ciento de la población se asume como parte de la comunidad LGBTI, señaló Raúl Martínez, aunque esto podría incrementarse tomando en cuenta que hay personas que prefieren no rebelarse como parte de esta comunidad.
Cabe destacar que a la presentación estatal del estudio, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no asistieron ni el ombdusman de esta comisión, Víctor Serrato Lozano, ni Fabiola Alanís Sámano, quien iría en representación del gobernador del estado.