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Jueves 21 de Febrero 2019

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Calculan pago de 100 mdp por retirar cultivos

(Foto: Juan José Estrada) Foto Capital Media
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24 de Mayo 2017
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Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la Confederación Nacional de propietarios Rurales (CNPR), señaló que alrededor de 100 millones de pesos deberá pagar el estado por concepto de daños a productores aguacateros afectados por la desinstalación de huertas

 Alrededor de 100 millones de pesos deberá pagar el estado por concepto de daños a productores aguacateros afectados por la desinstalación de huertas establecidas en superficie boscosa sin contar con autorización de cambio de uso de suelo, en caso de que la autoridad determine la ilegalidad de las acciones, efectuadas por la Mesa de Seguridad Ambiental, aseveró Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la Confederación Nacional de propietarios Rurales (CNPR).

Orihuela Estefan expresó que las actividades de desmantelamiento de sistemas productivos, principalmente aguacate, en zonas de vocación forestal y preferentemente forestal ha generado la pérdida de por lo menos 100 mil plantas de aguacate con un año de vida, las que alcanzan un valor unitario de mil pesos, lo que da un total de afectación por 100 millones de pesos.

Recordó que productores de aguacate en la entidad que resultaron impactados de manera adversa por el retiro de sistemas productivos calificados como irregularmente establecidos en zonas identificadas como forestales han interpuesto demandas contra el estado ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de quienes resulten responsables de usurpación de funciones e invasión y daño a propiedad privada.

Aunque no especificó la cantidad de procesos legales en curso, el ex diputado local refirió que más de 50 agricultores se han acercado a la CNPR en busca de apoyo legal para buscar la sanción de los funcionarios estatales participantes en los operativos de desinstalación de huertas y la restitución de los daños derivados de los mismos, que alcanzan 280 hectáreas.

Reiteró que la organización acompañará a los productores que se manifiesten afectados por los operativos, a la espera de la definición de mecanismos que permitan regularizar las huertas colocadas donde no se hubiesen registrado afectaciones a la cobertura forestal, así como la penalización de quienes infrinjan la ley, con independencia de si se trata de productores o funcionarios gubernamentales.

Convenio con Federación no implicará persistencia de operativos

Luego que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y cambio Climático (Semarnacc), integrante de la Mesa de Seguridad Ambiental, diese a conocer que en breve celebrará el convenio de colaboración con la Federación para llevar a cabo el ordenamiento de los sectores productivos que incursionan en las superficies forestales, Eduardo Orihuela expresó que este convenio únicamente establecerá los procesos para efectuar las tareas de preservación de zonas forestales, mas no legalizará los operativos realizados en las condiciones actuales.

Esto es, consideró el presidente de la CNPR, que no habrá cabida para la arbitrariedad exhibida en las acciones realizadas al momento, ya que ante la identificación de huertas o sistemas productivos ilegales en bosques se deberá a proceder a la colocación de sellos de clausura, el aviso de la inconsistencia al propietario y el establecimiento de un período para la presentación de los medios de defensa del mismo, lo que actualmente no ocurre.

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