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Legisladores. Foto: Alberto Torres
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Comisiones reciben miles y no se reunieron ni una vez

Comisiones recibieron miles en 2017 y no todas se reunieron; legislatura michoacana, la quinta con más nómina; aspiran 54 por ayuntamientos
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Beatriz Rojas

Mucho se sabe de los legisladores al conocer su asistencia a las sesiones ordinarias en el pleno, al medir su productividad o al hacer un recuento acerca de la cantidad de iniciativas presentadas.

Sin embargo, de acuerdo con los mismos diputados locales, como Mario Mendoza Guzmán, el verdadero trabajo legislativo está dentro de las comisiones, y mientras algunas de ellas sesionaron con regularidad a lo largo de 2017, al menos una vez al mes, otras no se reunieron en todo el año.

Comisiones legislativas que probablemente la ciudadanía no sabe que existen, como la de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Pueblos Indígenas o Comunicaciones y Transportes, no se reunieron una sola vez en el año de acuerdo con la información que presenta el portal de transparencia del Congreso.

Por otro lado, las que registraron mayor actividad durante 2017 fueron la de Puntos Constitucionales, con al menos una sesión cada mes, así como Gobernación y Justicia.

De acuerdo con el diputado por Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, cada comisión recibe alrededor de 150 mil pesos anuales para su operación y aunque han reducido en una tercera parte su costo, éste bien podría considerarse excesivo cuando en todo un año no han sesionadio una sola vez.

Cerca de 800 iniciativas ha presentado la LXXIII Legislatura y se han emitido alrededor de 700 dictámenes, el resto se encuentran distribuidas en las comisiones correspondientes, algunas sin atención desde hace uno o dos años. En algunos casos, de acuerdo a los presidentes de las comisiones correspondientes, por falta de tiempo, ya que hay ordenamientos que por ley deben emitir en determinado tiempo.

Otras quedan pendientes por falta de consenso entre las fracciones o porque representan un peso político, como la ley que busca reglamentar las manifestaciones o la modificación que evitaría que las mujeres que interrumpen su embarazo antes de las ocho semanas de gestación fueran sancionadas.

En lo que concierne a la cantidad de iniciativas presentadas, habría que sopesar cuántas de éstas fueron aprobadas y cuántas no se les dio el “ha lugar” por falta de sustento, y también tomar en cuenta qué tan útiles o si fueron previamente consultadas con la población, ya que pareciera que para la opinión pública cantidad vale más que calidad.

El contraste, que mientras diputados como Rosa María de la Torre, Manuel López Meléndez, Ernesto Núñez Aguilar, Roberto Maldonado Hinojosa y Raymundo Arreola Ortega presentaron 10 o más iniciativas, siendo este último el más activo de acuerdo a la página del Congreso, con 15, hay quienes sólo presentaron una o dos en todo el año, como Mario Armando Mendoza, Juan Figueroa Gómez, Brenda Fraga, José Aguilera Rojas, Ángel Cedillo, Eloísa Berber Zermeño, Alma González Sánchez y Juan Figueroa Ceja. Por su parte, Antonio García Conejo, que asumió el cargo hace dos meses, no ha presentado ninguna.

Al inicio de las funciones de la LXXIII Legislatura se aprobó una agenda legislativa, en que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sugirió que se midiera el impacto del trabajo realizado por el Congreso del Estado directamente con la ciudadanía, mediante la creación de un Observatorio Ciudadano en el Poder Legislativo, para lo cual se emitió una convocatoria a principios del 2017, aunque no se ha conformado.

De acuerdo a los mismos legisladores, los temas más trascendentes durante este 2017 fueron el sistema estatal anticorrupción, compuesto por un paquete de reformas a distintos ordenamientos y que requiere todavía de dos paquetes de leyes más, que se aprobarían este año.

Esta labor la sacaron adelante las comisiones de Justicia y Gobernación en su mayor parte, pero podrían atribuírsele los créditos a prácticamente todo el Congreso, puesto que cinco comisiones formaron parte del grupo que se encargó del primer paquete de leyes y prácticamente todas las bancadas presentaron iniciativas que se conjuntaron para llegar al resultado final.

Otro dictamen que fue muy aclamado por ellos mismos fue el que corresponde a la eliminación del fuero constitucional, para lo cual también participaron casi todos los grupos parlamentarios.

En materia de Derechos Humanos, se logró que la corrección de sexo y nombre en las actas de nacimiento para personas transgénero o transexuales sea un mero trámite administrativo y no  mediante un juicio, para lo que se contó con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, menos la del PAN, a pesar de que su coordinador, Carlos Quintana, avaló el decreto en comisiones, pero sólo el diputado Héctor Trujillo votó a favor en el pleno.

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