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Difícil excepción sobre Ley de Seguridad Interior en Morelia

Fuerzas armadas. Foto: Especial Foto Capital Media
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02 de Marzo 2018
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El ayuntamiento de Morelia consideró que la ley violenta los artículos 21, 73, fracción XXIX-M, 89, fracción VI, 115, 119, 124 y 129 de la Constitución Mexicana.

Los antecedentes legales y las controversias presentadas en contra de la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior crean un escenario de baja probabilidad de que Morelia, 12 municipios mexicanos y el estado de Chihuahua se conformen como excepción a la aplicación de la norma, aseveró Alejandro González Cussi, director jurídico de la Policía Municipal de la capital michoacana.

Aunque en principio es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apruebe con menos de ocho votos de los ministros la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, lo que llevaría a que ésta se declarara en todo el país, con excepción de los trece municipios y la entidad que impugnaron la legislación, las condiciones vigentes permiten esperar una aplicación generalizada para el país de la determinación generada por la SCJN.

“Puede determinar la corte que el fallo por la inconstitucionalidad de la ley tenga validez sólo para los promoventes, pero se cuenta con doctrina de la SCJN y antecedentes sobre la no asignación de tareas policiales a las fuerzas armadas, recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos internacionales y otras impugnaciones, como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que plantean un escenario donde la mayor probabilidad es que no se tengan estados de excepción a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, sino que ésta sea inconstitucional en todo el país”, detalló Alejandro González.

Morelia y Cherán, en Michoacán; Cholula, Cuauhtémoc, Solotepc y Ahuatlán, Puebla; Parral, Chihuahua; Ocuilán, Cocotitlán y Netzahualcóyotl, Estado de México; Hoctún, Tepakán y Oxkutzcab, Yucatán, y el estado de Chihuahua, así como las cámaras de Diputados y Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presentaron controversias constitucionales para evitar la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, al considerarla violatoria de los derechos humanos y de la autonomía de los municipios, recordó el director jurídico de la Policía de Morelia.

González Cussi refirió que el ayuntamiento de Morelia consideró que la ley violenta los artículos 21, 73, fracción XXIX-M, 89, fracción VI, 115, 119, 124 y 129 de la Constitución Mexicana. Ello implica, fundamentalmente, que la ley invade la competencia del municipio en la prestación de un servicio público local, como lo es la seguridad pública, y asigna a ésta tareas para las que no está preparado y que corresponden en exclusiva a la Federación, como es la seguridad interior.  

La imposición de un mando militar sobre la autoridad civil, el debilitamiento de las policías locales, que atienden hasta el 95 por ciento de los ilícitos cometidos, y la ambigüedad en la definición de “amenaza a la seguridad interior” son algunos de los factores que hacen violatoria a la norma de los postulados de la Constitución Mexicana, agregó.

“Lo que buscaba la Federación es dotar de esquema jurídico para la vialidad de la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública ante condiciones extraordinarias, pero lo que se requiere es el fortalecimiento de las policías municipales, no generalizar la excepción”, señaló Alejandro González. 

Además de la invasión de las competencias municipales, la ley conlleva la asignación de recursos locales a las tareas desempeñadas por las fuerzas armadas, en detrimento de las finanzas públicas.

Cuestionado sobre los tiempos en que se espera una resolución de la SCJN, mencionó que tomará “varios meses” que los ministros entreguen una respuesta; sin embargo, no habrá interferencias en el proceso por el relevo en la administración municipal, previsto para septiembre de 2018, ya que la controversia constitucional no depende de los tiempos político electorales y el recurso es presentado por el municipio como ente de gobierno.

Agregó que, aunque de ser declarada la ley sería aplicada en lo inmediato en la totalidad del país, inclusive en los puntos donde se han instrumentado controversias constitucionales, “dudo que se emita la declaración, porque las condiciones actuales, con 18 impugnaciones hasta ahora, no son las adecuadas”.

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