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Modificarían pena por grafiti en espacios públicos

El Ejecutivo Estatal plantea pena de cárcel de dos a cuatro años a grafiteros reincidentes, con un agravante si se trata de patrimonio público. Esta actividad era considerada como una falta administrativa pero fue en 2016 que se consideró como delito
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Hace 1 año | Facebook Twitter Whatsapp

Beatriz Rojas
Por medio de la figura de “daño al patrimonio urbano”, el Ejecutivo Estatal plantea pena de cárcel de dos a cuatro años a grafiteros reincidentes, con un agravante si se trata de patrimonio público; sin embargo, en opinión del artista gráfico y catedrático de la Universidad Iberoamericana Tijuana (UIA), Jorge Francisco Sánchez López, antes de implementar políticas punitivas, debiera considerarse que el espacio público debe representar a todos los habitantes y ser construido por consenso de la comunidad.

Actualmente, desde julio de 2016, el Código Penal establece una pena para grafiteros, reincidentes o no, de seis meses a la tercera parte de la pena por el delito de daño en las cosas doloso. Lo cual, en caso de aprobarse la iniciativa de Código Penal presentada por el Gobierno del Estado, se cambiaría por una sanción de trabajo a la comunidad y una multa de cincuenta a doscientos diez Unidades de Medida y Actualización (UMA). Caber señalar que antes de 2016 no se consideraba a esta actividad como un delito, sino como una falta administrativa.

“Encuentro muy problemático que se quiera sancionar, que se quieran  borrar, obnubilar estos espacios que obtienen, que buscan los sin-poder para poder ejercer su comunicación”, consideró Sánchez López en entrevista exclusiva para Capital Media, partiendo de que el grafiti es un medio de comunicación que se remonta a tiempos remotos de la humanidad, en que se marcaba la ruta de pastores en espacios campestres y que posteriormente se generó como un movimiento social en Nueva York cerca de los años 70 en medio de una crisis financiera y de desindustrialización.

El grafiti, explica el académico, “es una expresión gráfica que se coloca de manera clandestina en un espacio de visualidad. Muchas veces en el espacio público. Responde a las lógicas de dominación a través del control del espacio y las personas que hacen grafiti buscan escapar de esa lógica de control a través del uso de los espacios”.

Para entender esto, hace falta una visión a través de la cual se comprenda que el espacio público pertenece a toda la comunidad, por lo cual “el tratamiento debería partir de un diálogo con las figuras que se quieren hacer públicas respecto de este tipo de expresiones. Un diálogo respecto del uso de los espacios, considerar que niños, jóvenes, tienen una voz. También quieren incidir en las dinámicas de la ciudad.”, indicó José Francisco Sánchez.

“Resulta importante señalar, agregó, que espacios como Morelia que se formó a través de edictos virreinales y normas muy específicas de cómo hacer la ciudad, siempre han excluido a la gente común de la construcción, la configuración de la ciudad” y sugirió la posibilidad de “integrar las aportaciones de todas estas personas con vías de construir una ciudad que les represente en sus posibilidades de hacer y significar la ciudad”.

Para ello propone, en lugar de criminalizar el grafiti, “abrir los espacios para una mayor circulación de estas gráficas sin censura, sin persecución de quien los hace, minimizando la estigmatización, identificando que hay infinidad de proyectos juveniles, comunitarios, políticos que buscan su espacio en el ágora pública”.

De acuerdo a este especialista, esta actividad ya se castiga con cárcel en Tijuana, Puebla y la Ciudad de México; sin embargo, la legislación no ha resultado efectiva una vez puesta en marcha, dado que los cuerpos de seguridad tienen crímenes  más graves qué atender, por lo que sólo ha derivado en un abuso de autoridad que permite que se cometan vejaciones contra los jóvenes, como agresiones físicas o que se les pinte con aeorosol la cara o las partes genitales.

Sánchez López también cuestiona que se sancione a quienes transgreden el espacio público por medio de grafiti y no a quienes lo hagan con publicidad, que en muchas ocasiones tampoco cumple con la legislación vigente pero es tolerada, como sucede también con la propaganda política, que cuenta con su propio marco normativo.

Si bien existen dos tipos de grafiti, el que se hace de manera aceptada por quien es dueño del espacio que se interviene y el que se hace de forma anónima -que es el castigaría esta ley, ya que este delito se perseguiría por querella-, el artista gráfico puntualizó que en otras sociedades el grafiti que previene de prácticas clandestinas ha logrado legitimarse y ser celebrado dentro de otros grupos sociales hasta alcanzar espacios que ocupan otras expresiones artísticas, como museos y galerías.

Antecedentes

Durante la actualización del Código Penal en 2014, el entonces diputado por el PRI, Marco Antonio Pureco, propuso penalizar con dos años de cárcel a grafiteros, pero la propuesta fue rechazada por los diputados de otras bancadas.

El 6 de julio de 2016 prosperó esta intención, en este caso con la iniciativa presentada por la también priista Eloísa Berber Zermeño, como “daño a la imagen urbana”, a la que sólo se opusieron los diputados del PT y Morena. Se estableció una pena de cárcel a partir de seis meses a los infractores que realicen pintas en “cualquier elemento fijo” que se encuentre en la vía pública.

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