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Miércoles 23 de Enero 2019

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Rechazan 40% de MIA por irregularidades

(Foto: Especial) Foto Capital Media
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16 de Noviembre 2016
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Alrededor del 40 por ciento de las manifestaciones de impacto ambiental que se presentan en el país son rechazadas por carencia de transparencia en el proyecto por parte de los inversionistas o falta de apego a la normatividad

  Alrededor del 40 por ciento de las manifestaciones de impacto ambiental que se presentan en el país son rechazadas por carencia de transparencia en el proyecto por parte de los inversionistas o falta de apego a la normatividad, refirió Alfonso Flores Ramírez, director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Tras la inauguración del Primer Congreso Nacional de Impacto Ambiental, que se celebra del 16 al 18 de noviembre en Morelia, Flores Ramírez destacó que en México se generan cada año de dos mil 500 a dos mil 800 trámites, de los que entre mil a mil 120 son rechazados.

El director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat destacó que “toda solicitud que ingresa sigue un procedimiento, desafortunadamente muchos carecen de datos elementales, como la delimitación del sistema ambiental o transparencia en el proyecto por parte de los propios inversionistas”.

Asimismo, expuso que desde hace tres años un importante número de negativas obedecen a que los inversionistas buscan obtener la manifestación de impacto ambiental como un permiso, por lo que arrancan las obras y posteriormente son acreedores de procedimientos administrativos y sanciones.

Agregó que la totalidad de las obras que realizan su manifiesto de impacto ambiental debe seguir criterios de cambio climático, que se ha posicionado como la variable “más importante”.

La afectación hídrica por el establecimiento de un proyecto o el registro del avance o retroceso de líneas de costa, el efecto en la biodiversidad, el apego a los ordenamientos  ecológicos y la vocación natural de los espacios son parte de los criterios de cambio climático que se consideran para verificar el impacto ambiental de una actividad humana.

No obstante, expresó Alfonso Flores, aún es preciso realizar ajustes al instrumento para garantizar una adecuada protección del entorno natural, especialmente ante la aparición, desde 2000, cuando se incluyó en la legislación ambiental el manifiesto de impacto ambiental, de ocho leyes complementarias.

La creación de las zonas económicas especiales (ZEE) y el atraso que experimentan algunas entidades, como Chiapas y Chihuahua, que pese a su importancia ecológica no cuentan con dependencias rectoras del medio ambiente, son otros de los retos a enfrentar en la implementación de mejoras de este instrumento.

Flores Ramírez agregó que actualmente se ha judicializado la verificación del impacto ambiental, por lo que los jueces de distrito son los que en última instancia resuelven estos temas: “Tenemos que ver cómo modernizar el instrumento para que esté en equilibrio con aspectos como los derechos de las comunidades indígenas a ser consultadas y el derecho a disponer de un medio ambiente sano”.

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