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Michoacán enfrenta un clima de seguridad pública favorable para la atracción de la inversión productiva, en comparación con los años previos a 2014, a raíz de la baja en la incidencia de los delitos de alto impacto, señalaron dirigentes de la iniciativa privada local.
No obstante, aclararon, este comportamiento se ve ensombrecido por una persistencia de los llamados delitos del fuero común, entre los que se destaca el asalto o robo a transeúntes y negocios.
“Tenemos actualmente buenos resultados en materia de seguridad pública, ya que no tenemos reportes de secuestro, extorsión o pago de cuotas, por lo menos para la demarcación de Morelia, lo que es favorable para la atracción de inversiones y genera un buen clima de seguridad”, expresó Héctor Manuel Tinoco Garduño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Morelia.
Señaló que previo a 2014 y a la operación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, la situación de la entidad era “complicada”.
“A mí me dieron un balazo en un asalto, vimos el cobro de piso, estaban muy latentes los secuestros express, así que todo lo que vino después fue parteaguas”, dijo.
Aunque consideró que el saldo en materia de seguridad pública en particular es adverso, Luis Navarro García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Morelia, destacó que las condiciones son mejores que apenas “unos pocos años” atrás, debido a que el gobierno, en sus tres niveles, ha efectuado un “gran esfuerzo”.
“Falta mucho por hacer, pero por lo menos los delitos de alto impacto están a la baja; en este momento, yo no conozco a una persona que sea víctima de extorsión, o de cobro de cuotas”, reiteró Navarro García. Lamentablemente, la incidencia de delitos del fuero común, como los asaltos y robos a transeúntes y comercios, se han visto al alza, coincidieron los dirigentes empresariales, a causa de la pulverización de las células delincuenciales y de la permanencia de fallos estructurales que impiden una adecuada rehabilitación de los criminales y una exitosa reinserción a la sociedad.