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Sábado 16 de Febrero 2019

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Vigilarán desde diferentes frentes el proceso electoral

Sufragio. Foto: Alberto Torres Foto Capital Media
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12 de Enero 2018
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Autoridades electorales, de transparencia y fiscalización a nivel estatal unirán esfuerzos para prevenir actos de corrupción en comicios de 2018

Beatriz Rojas

Los órganos electorales no serán los únicos en vigilar los comicios de este año, también el Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de datos personales (IMAIP) y, de lograr instalarse, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), aseguró el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Rafael Villaseñor Villaseñor.

El titular del organismo señaló que esta fiscalización no se limitará a los partidos y los funcionarios públicos y pondrá en la mira también a los ciudadanos, puesto que la corrupción va en ambos sentidos.

“Todo el que opere con recursos públicos es susceptible de caer en actos de corrupción, por lo tanto puede ser denunciado, por lo que el Consejo Coordinador del SEA recibiría estas denuncias y las canalizaría a los organismos correspondientes”, observó Rafael Villaseñor.

Detalló que dichas autoridades serían la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) o el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), pero que quedará al pendiente de que se emita una sanción y que se cumpla.

“Además de sancionar a los funcionarios que empleen recursos públicos o programas sociales con fines proselitistas o a aquellos quienes ofrezcan dádivas a cambio del voto, también podrían verse afectados los ciudadanos que den dinero a determinado candidato con la espera de obtener alguna retribución en caso de que éste resulte electo.

“Dichas disposiciones están estipuladas en la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas que habla de personas, incluso en naturaleza especial, cuando hay procesos electorales”, explicó Villaseñor.

De acuerdo con la consejera Elvia Higuera Pérez, el Comité de Participación Ciudadana tiene además la facultad de investigar.

“Pensemos que un presidente municipal es acusado por desvío de recursos con fines electorales o por obras que no fueron concluidas o no fueron debidamente licitadas o esta parte que de repente es muy común, sobretodo en el ámbito municipal, que es el desvío de recursos a programas sociales con fines electorales; eso sí puede encuadrar como corrupción.

“Correspondería la parte de investigación ante las denuncias que presentara la ciudadanía ya sea a la FEPADE, a la Procuraduría General de Justicia del Estado o ante la propia Fiscalía Anticorrupción para que se haga el proceso de investigación jurisdiccional competente”, detalló la consejera.

De acuerdo con Villaseñor, el comité de participación también puede actuar de tener conocimiento de alguna irregularidad, sin necesidad de una denuncia previa.

“El año pasado el Comité de Participación Ciudadana presentó un juicio de amparo de forma directa para ver algunos temas y agilizar los procesos y ahí es donde se otorga legitimación por parte de la ley”, indicó.

Además de los organismos ya mencionados, el IMAIP, cuyo presidente, Daniel Chávez, formará parte del Consejo Coordinador del SEA, también tendrá injerencia en las elecciones, debido a que hay información que se tiene que dar a conocer públicamente, como los informes de gastos de campaña que entregarán regularmente los candidatos al Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

El IMAIP, señaló Chávez, constatará que el IEM y los partidos políticos pongan estos datos a disposición de la ciudadanía y, por otro lado, exigirá que se responda a las solicitudes de información y, de no ser así, que se fundamente debidamente si ésta es reservada.

“No sólo deben informar qué están haciendo con los recursos públicos sino sobre los actos de autoridad”, puntualizó Chávez.

No obstante la necesidad de que el SEA esté en funciones para cuando inicien las campañas electorales, es precisamente la cercanía con el proceso electoral lo que podría estar obstaculizando que se designe al Fiscal Anticorrupción, ya que según el presidente de la comisión de Justicia, Ángel Cedillo Hernández, existe un riesgo de que algunos legisladores pretendan imponer un perfil con tintes partidistas.

El diputado perredista hizo esta aseveración al declarar en diciembre pasado que las comisiones de Gobernación y Justicia ya contaban con un dictamen con la terna de aspirantes elegidos para ocupar este cargo, pero que los miembros de cierta fracción parlamentaria se oponían a firmarlo.

La coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, por su parte, comunicó que su fracción se opondría a la selección de al menos cuatro de los cinco aspirantes, argumentando que existía un conflicto de interés al haber formado parte de la administración pública.

En aquella ocasión, Cedillo Hernández reviró que esto no está prohibido en la convocatoria, donde además se requiere que el aspirante tenga experiencia, por lo cual es más bien necesario y consideró que se trata de una especie de chantaje para la selección del Fiscal General.

De no lograrse una terna, tendría que volverse a emitir la convocatoria y, aunque no existen plazos fatales y el SEA puede operar a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), esta Legislatura concluirá su gestión a mediados de este año.

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