Descartan afectaciones por recorte presupuestal

 El recorte que en las participaciones federales experimentó la capital del estado durante este mes no afectó a programas o iniciativas específicas, ya que no se involucró a recursos etiquetados, sino de libre disposición por parte del municipio, aseveró Alberto Gabriel Guzmán Díaz, tesorero municipal.

Este hecho no disminuye la afectación que se generó en las finanzas locales por la ausencia de al momento once millones de pesos que la Federación no asignó al municipio, una cifra que se estima en breve se establecerá en catorce millones de pesos, ante la posibilidad de un nuevo recorte previo a la conclusión de 2016.

Guzmán Díaz expuso que estos recursos el municipio decide en qué los ocupa; entre los conceptos que pudieron beneficiarse de haberse captado las participaciones recortadas mencionó el pago de la deuda con proveedores, nómina e infraestructura.

Recordó que hacia el cierre de cada año todas las administraciones públicas ven la entrega de las participaciones federales espaciadas; sin embargo, en esta oportunidad, debido a que las participaciones proceden de impuestos federales, como el impuesto especial a productos y servicios (IEPS), de ser la recaudación efectiva menor a la esperada la dispersión de recursos se ve impactada en la misma proporción.

Al momento, Morelia enfrenta un adeudo por proveeduría por 40 millones de pesos, que prevé pagar hacia enero de 2017, así como el compromiso de pago de salarios y prestaciones asociados al final del año, por 120 millones de pesos.

Durante el Buen Fin, del 18 al 21 de noviembre, el municipio recaudó por impuestos rezagados 4.5 millones de pesos, con la expectativa de ingresar hasta 40 millones de pesos al 31 de diciembre, cuando vencerán las promociones de pagos diferidos y descuentos en multas, recargos y actualizaciones.

Por otra parte, el proceso de reestructuración de la deuda a largo plazo, con instituciones financieras, se espera le permita al ayuntamiento ahorrar alrededor de 20 millones de pesos en el pago de servicios financieros durante el tiempo que permanecerá vigente el pasivo, un total de cinco años. La cifra que se espera reestructurar asciende a 240 millones de pesos.