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Aún hay presos políticos

Capital Digital
Capital Digital redessociales@capitalmedia.mx
Hace 2 meses
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La amnistía, que quiere decir amnesia u olvido, debe alcanzar a no menos de 350 luchadores sociales que permanecen en prisión injusta, criminalizados, perseguidos y sujetos a procesos donde predominan la fabricación de delitos y la tortura, según documento suscrito por unas 160 organizaciones defensoras, nacionales e internacionales, durante el foro realizado esta semana “Los Derechos de las Víctimas y los Retos en materia de Derechos Humanos del Nuevo Gobierno”, el cual fue entregado en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma.

Difundido por el Comité Cerezo, el texto afirma que en México hay, ahora mismo, presos políticos y de conciencia, “resultado de la política represiva de los gobiernos neoliberales para acallar la disidencia política y la lucha por la justicia” y la democracia. Más de 3 mil detenciones arbitrarias durante el sexenio de Enrique Peña Nieto registran estas organizaciones.

Hay un recuento de amnistías decretadas a nivel federal, como una poco recordada de Luis Echeverría, ya para concluir su administración, en 1976, que benefició a 230 activistas, la mayoría universitarios, víctimas de la represión de 1968. Habría que sumar la salida de prisión de la mayor parte de los dirigentes del movimiento estudiantil en 1971, conjunto que fue expulsado a Chile, donde acababa de triunfar la Unidad Popular con Salvador Allende al frente. Casi todos retornaron a principios de junio, solamente para toparse con la nueva represión a una marcha de estudiantes y maestros, el ataque armado de “halcones” y policías el Jueves de Corpus de 1971.

Además de recordar la decretada por José López Portillo, que benefició a mil 539 presos políticos, se alude a la que en Oaxaca, en 2001, permitió la libertad de decenas de presos indígenas de Los Loxichas, acusados falsamente de ser miembros del guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), surgido en la segunda mitad de los 90, tras la matanza de campesinos en Aguas Blancas, en Guerrero. Una pésima aplicación de amnistía decretada en 2003 por René Juárez Cisneros, precisamente en Guerrero, terminó en un parto de los montes: sólo liberó a tres personas entre decenas que en teoría eran sus beneficiarios.

“Esa es una muestra clara que las amnistías son salidas jurídico-políticas del gobierno, que si no se acompañan hasta el final, concluyen en que del plato a la boca se caiga la sopa” y se generen falsas expectativas.

Por ello las organizaciones demandan una Ley de Amnistía Federal, como lo hicieron en 2002 y en 2008, para lograr la reconciliación nacional y la paz. “Esta paz no puede construirse, y ni siquiera iniciarse, mientras una sola persona esté encarcelada, criminalizada o judicializada por su lucha en favor de la democracia”.

No ha de beneficiarse a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos; es decir, ni a delincuentes ni a algún agente del Estado.

Amnistía no es perdón, no es indulto. Y por ello un preso queda libre sin tener qué reconocer delitos que no cometió, porque se los inventaron, ni si perpetró algún ilícito por motivaciones políticas.

Con amnistía, órdenes de aprehensión vigentes dejan de ejecutarse. Ya no habrá perseguidos políticos. Los presuntos culpables pueden regresar a sus hogares y no andar huyendo o estar maniatados por órdenes de arresto que están allí para ejecutarse de acuerdo con el clima político, para inmovilizar a activistas, para inhibir el derecho humano a la protesta.

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TEMAS Amnistía Andres Manuel López Obrador Comité Cerezo Derechos Humanos presos políticos
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