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Lunes 21 de Enero 2019

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Desaparecidos, protocolo

Foto Capital Media
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19 de Julio 2018
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La investigación de una desaparición debe ser “inmediata, pronta, diligente, desprejuiciada, estratégica, proactiva, contextual, empática, protegida, exhaustiva, coordinada, participativa y sin obstrucciones”

En el papel, al menos, tienen los familiares de desaparecidos un avance en la búsqueda de víctimas, mediante un protocolo que habrá de coordinar a autoridades de los tres niveles de gobierno, con un sistema nacional de información que tendría que ser completa y de calidad.

La investigación de una desaparición debe ser “inmediata, pronta, diligente, desprejuiciada, estratégica, proactiva, contextual, empática, protegida, exhaustiva, coordinada, participativa y sin obstrucciones”.

Todos estos calificativos nos hacen ver, al confrontarlos con la realidad, que estamos muy lejos de poner remedio a gravísimos delitos que se han ido acumulando en más de 38 mil expedientes por desaparición forzada y desaparición por particulares con o sin la participación, apoyo o aquiescencia de la autoridad.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó un llamado “Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada”, que desde su primera página agradece la participación de más de 50 colectivos de familiares en el diseño y redacción de sus 282 páginas.

En efecto, aparecen muy puntuales en la descripción del fenómeno que hace 50 años enfocaba la represión contra personas o grupos que habían escogido la vía armada para combatir a los gobiernos, cuando la informal Brigada Blanca y todas las corporaciones de la fuerza pública participaban en la persecución de los disidentes armados.

Sin embargo, el delito de desaparición forzada o por particulares ahora se vuelca contra cualquier ciudadano, hombre, mujer, menor o anciano, en un clima de siembra de terror que no para de ocurrir, sino que se incrementa día con día y que ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad.

“La desaparición forzada de personas es uno de los delitos lacerantes para la sociedad, por violaciones múltiples a los derechos humanos”. Con esta definición comienza el documento y reconoce abiertamente que hay un reto mayor para el Estado mexicano.

Se habla exclusivamente de desapariciones involuntarias, cometidas por cualquier actor, y se promete dar prioridad a los familiares para que indiquen por dónde iniciar las búsqueda.

“Es un acompañamiento permanente, donde las familias adquieren un papel de primer nivel, con acceso al plan de investigación en todo momento”, ha ofrecido el fiscal especializado Abel Galván Gallardo.

El protocolo tendrá mecanismos permanentes de verificación, establece un plan de investigación para fiscalías y procuradurías, favorece la opinión de las víctimas coadyuvantes, que pueden aportar evidencias y solicitar peritajes y otras diligencias al Ministerio Público.

Hasta un mes antes de la publicación del Protocolo, varios colectivos de familiares dijeron haber sido excluidos de la discusión y no veían que hubiera claridad para establecer mecanismos de coordinación entre autoridades o en las comisiones de búsqueda que tanto se encomian.

Tampoco se establecen formas efectivas de participación de las familias o se prevén acciones para impedir la revictimación de quienes buscan a los suyos hace meses y años.

Como si el protocolo aludiera a la pésima experiencia de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, establece que, cuando haya elementos para presumir que alguna víctima de desaparición se encuentre en alguna instalación oficial, debe permitirse una inspección ministerial inmediata, en la totalidad de las instalaciones, “incluyendo áreas restringidas”.

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