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Polémica militarización

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Capital Digital redessociales@capitalmedia.mx
Hace 2 meses
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Se perpetúa, en los hechos, la presencia de los militares en las calles, con o sin Ley de Seguridad Interior que sigue aguardando una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser aplicada, modificada o retirada, tras de que el Congreso saliente se la entregó al presidente Enrique Peña Nieto, quien en vez de promulgarla optó por enviarla a la Corte. No se atrevió a oficializar lo que en la práctica ejercen como “usos y costumbres” los soldados y marinos, un empleo excesivo de la fuerza que ha desembocado en varios casos de masacres en contra de ciudadanos inermes: Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, con decenas de muertes, y la propia desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, hace casi cuatro años, en Iguala.

Al anunciar que Ejército y Marina continuarán en tareas de seguridad pública, ya que no hay opción a la vista porque no se ha logrado preparar a las policías federales para combatir a la violencia y la inseguridad que se han enseñoreado del país, Andrés Manuel López Obrador reconoce un error de apreciación que lo había llevado a decir que en su gobierno los militares volverían a sus cuarteles. De manera oficial las Fuerzas Armadas han hecho de policías desde el gobierno de Vicente Fox, reforzada su presencia masiva con Felipe Calderón y sin cambio alguno durante la administración Peña Nieto. De tal manera que en diciembre comienzan el año 19 de su desempeño en funciones que deberían estar a cargo de civiles.

Se lo recuerdan los abogados Bárbara Zamora, Santos García, Manuel Fuentes, Emma Ortega y Samuel Porras, quienes interpusieron y ganaron amparos contra la Ley de Seguridad Interior. El juez octavo de distrito en materia administrativa declaró inconstitucional esa LSI, porque faculta a las Fuerzas Armadas a seguir en las calles y les otorga poderes por encima de la autoridad civil. ¿Los 30 millones de votos (que llevaron al abrumador triunfo morenista) no alcanzan para obligar a las Fuerzas Armadas a someterse al mandato de la Carta Magna?, se preguntan al citar el artículo 129 de la Constitución, que a la letra ordena: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Como alguna vez declaró el experto en temas de seguridad y violencia Ernesto López Portillo, lo que fue un “bomberazo”, el sacar a las tropas a las calles para tareas propias de los civiles (con el agravante de que los resultados contra la criminalidad han sido contrarios a los esperados, puesto que la violencia ha llegado a límites de horror), se convirtió en política de Estado.

Quizá quien mejor interpreta la frase del futuro presidente de México respecto de que se vigilará que Ejército y Marina respeten derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, evitando abusos y no actuando contra el pueblo, sea Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación:

“Los titulares de la Defensa Nacional y la Armada de México deben ser los principales interesados en reivindicar la imagen buena que tienen las Fuerzas Armadas y que se ha ido deteriorando en los últimos años”.

Más allá de enfoques contradictorios sobre la violencia y la impunidad, hay que reconocer una verdad de a kilo: con la Ley de Seguridad Interior (el Congreso debería derogarla sin esperar la decisión de la Corte) y con la tropa en las calles, los gobiernos se olvidan de fortalecer las instituciones civiles, específicamente las policías.

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