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Domingo 20 de Enero 2019

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Polémica militarización

Foto Capital Media
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28 de Agosto 2018
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Se perpetúa, en los hechos, la presencia de los militares en las calles, con o sin Ley de Seguridad Interior que sigue aguardando una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser aplicada

Se perpetúa, en los hechos, la presencia de los militares en las calles, con o sin Ley de Seguridad Interior que sigue aguardando una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser aplicada, modificada o retirada, tras de que el Congreso saliente se la entregó al presidente Enrique Peña Nieto, quien en vez de promulgarla optó por enviarla a la Corte. No se atrevió a oficializar lo que en la práctica ejercen como “usos y costumbres” los soldados y marinos, un empleo excesivo de la fuerza que ha desembocado en varios casos de masacres en contra de ciudadanos inermes: Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, con decenas de muertes, y la propia desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, hace casi cuatro años, en Iguala.

Al anunciar que Ejército y Marina continuarán en tareas de seguridad pública, ya que no hay opción a la vista porque no se ha logrado preparar a las policías federales para combatir a la violencia y la inseguridad que se han enseñoreado del país, Andrés Manuel López Obrador reconoce un error de apreciación que lo había llevado a decir que en su gobierno los militares volverían a sus cuarteles. De manera oficial las Fuerzas Armadas han hecho de policías desde el gobierno de Vicente Fox, reforzada su presencia masiva con Felipe Calderón y sin cambio alguno durante la administración Peña Nieto. De tal manera que en diciembre comienzan el año 19 de su desempeño en funciones que deberían estar a cargo de civiles.

Se lo recuerdan los abogados Bárbara Zamora, Santos García, Manuel Fuentes, Emma Ortega y Samuel Porras, quienes interpusieron y ganaron amparos contra la Ley de Seguridad Interior. El juez octavo de distrito en materia administrativa declaró inconstitucional esa LSI, porque faculta a las Fuerzas Armadas a seguir en las calles y les otorga poderes por encima de la autoridad civil. ¿Los 30 millones de votos (que llevaron al abrumador triunfo morenista) no alcanzan para obligar a las Fuerzas Armadas a someterse al mandato de la Carta Magna?, se preguntan al citar el artículo 129 de la Constitución, que a la letra ordena: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Como alguna vez declaró el experto en temas de seguridad y violencia Ernesto López Portillo, lo que fue un “bomberazo”, el sacar a las tropas a las calles para tareas propias de los civiles (con el agravante de que los resultados contra la criminalidad han sido contrarios a los esperados, puesto que la violencia ha llegado a límites de horror), se convirtió en política de Estado.

Quizá quien mejor interpreta la frase del futuro presidente de México respecto de que se vigilará que Ejército y Marina respeten derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, evitando abusos y no actuando contra el pueblo, sea Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación:

“Los titulares de la Defensa Nacional y la Armada de México deben ser los principales interesados en reivindicar la imagen buena que tienen las Fuerzas Armadas y que se ha ido deteriorando en los últimos años”.

Más allá de enfoques contradictorios sobre la violencia y la impunidad, hay que reconocer una verdad de a kilo: con la Ley de Seguridad Interior (el Congreso debería derogarla sin esperar la decisión de la Corte) y con la tropa en las calles, los gobiernos se olvidan de fortalecer las instituciones civiles, específicamente las policías.

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