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Opinión / 

Quintana Roo: excesos de PGR

Capital Digital
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Hace 3 semanas
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Por: Vladirmir Galeana

Algunas veces ocurren cosas inexplicables que colocan a los simples ciudadanos en el mismo nivel de aquellos a los que se les imputan delitos de alto impacto. Todo tiene un origen y una explicación, pero cuando las autoridades realizan actos donde el patrimonio de las personas se ve afectado porque llegan y arrasan con la mayor parte de las cosas, quiere decir que algo no está funcionando o que las cosas no se están haciendo bien.

Todo tiene un origen y una explicación, pero cuando la autoridad realiza actos ordenados por un juzgador existe la garantía de audiencia que señala la Constitución, aunque pareciera que eso a la Procuraduría General de la República le importa un comino porque de pronto los integrantes de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada iniciaron un procedimiento de incautación y traslado a la Ciudad de México de las cajas de seguridad de la empresa First National Security.

Qué bueno que la Procuraduría General de la República haya iniciado un procedimiento para incautar bienes que presuntamente sustrajo el exgobernador Roberto Borge Angulo, y que se sospecha están en estas cajas de seguridad, pero en una clara violación de la garantía de audiencia, la dependencia incautó todas las cajas dejando en la indefensión a los propietarios de los bienes ahí depositados y que ahora pasarán un infierno para recuperarlos.

Incautar valores de la forma en que lo hace la Procuraduría General de la República es un delito, porque la Constitución misma señala que “nadie puede ser molestado en sus papeles, bienes o posesiones sin un mandato judicial que funde y motive las causales al procedimiento”, y la PGR afirma, sin pruebas, que ahí se pueden esconder bienes sustraídos por el señor Borge Angulo. Lo que más irrita a los afectados es que sin mediar un mandato judicial la dependencia federal haya medido a todos los depositantes con el mismo rasero, y ahora tendrán que probar ellos que lo incautado es de su propiedad cuando la Constitución señala que es la autoridad quien debe justificar las causas del procedimiento.

Lo previsible es que los ciudadanos pasen un viacrucis para recuperar sus pertenencias. Quienes hayan comprado dólares, joyas, o cualquier objeto valioso, tendrán que demostrar ante la fiscalía que son legítimos propietarios para recuperar sus valores. ¿Y los que no tengan papeles? Por desgracia pueden perder sus cosas porque ya sabemos cómo se las gastan los fiscales y los propios agentes judiciales. Me parece que esta no era la forma. No pueden pagar justos por pecadores. Qué bueno que ahora buscan lo que no quisieron encontrar cuando el señor Borge presumía su poder económico.

Pero qué malo para quienes son medidos con el mismo rasero y serán considerados delincuentes hasta que prueben lo contrario. Esa maldita vocación del autoritarismo sigue presente en un régimen caduco y corrupto que permite el robo, y cuando la vindicta pública es alta reacciona solamente para justificar sus oprobiosas complicidades.

En Quintana Roo, al parecer, pagarán justos por pecadores. Pobre México con el autoritarismo oficial. Al tiempo.

vladimir.galeana@gmail.com

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TEMAS delitos de alto impacto Procuraduría General de la República Roberto Borge Angulo Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada
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