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Miércoles 22 de Mayo 2019

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Rasura de privilegios

José Reveles Foto Capital Media
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16 de Julio 2018
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Por José Reveles

El medio centenar de acciones contra la corrupción y para la austeridad que enumeró el fin de semana el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador son, literalmente, una cruz, porque al ser aplicadas en el próximo gobierno recorrerán de arriba a abajo y transversalmente el estilo de gobernar de décadas en México.

Se eliminan los fueros y muchos privilegios que parecían inherentes a los altos puestos de gobierno, como la proliferación de secretarios y asesores, guardaespaldas, uso de aviones particulares o de la flotilla oficial, la cual será vendida; de entrada, no se autorizarán compras de vehículos nuevos y equipos de cómputo, las cuales fueron diseñadas antes para simplemente “robarse el dinero, para el moche, para sacar provecho personal”.

Adiós a los viáticos a discreción, bonos, gastos médicos privados, cajas de ahorro especial garantes de seguros de separación individualizada.

Algo caóticos en su presentación, en un solo párrafo, los lineamientos entremezclan como delitos graves lo mismo el tráfico de influencias (que se da en los más altos niveles) que el huachicoleo (delito a ras de tierra, violento y perturbador que ya está dominado por grupos criminales y consentidos o hasta protegidos por algunos gobernantes), el fraude electoral y la alianza entre funcionarios y particulares para causar daño a la Hacienda pública y hasta la corrupción en términos genéricos.

Destaca en el elenco la ratificación de promesas de campaña: la reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos electorales, lo que equivale a un escudo contra el fraude en las urnas, y también por ilícitos relacionados con actos de corrupción; la rebaja a la mitad del sueldo del presidente; el límite de ingresos de funcionarios medios a unos 44 mil pesos mensuales, es decir, medio millón anual, sin bono adicional, la mitad de lo que tenían asignado.

Confirmado: se cancelan pensiones a los expresidentes de la república y se recorta a 50 por ciento el gasto en publicidad gubernamental, pues en este sexenio se erogaron unos 40 mil millones de pesos en propaganda, con tal de obtener incondicionalidad y loas de algunos medios hacia la actuación de los gobernantes en turno.

En materia de espionaje, uno de los temas que causó furor en la opinión pública al descubrirse que se vigilaba a periodistas y defensores de derechos humanos, el punto número 40 ofrece cancelar toda labor para espiar o practicar intervenciones telefónicas que afecten el derecho a la privacidad de la ciudadanía. El sistema de inteligencia del gobierno (luego entonces el Cisen solamente cambiará de nombre) “estará exclusivamente dedicado a la prevención de delitos, al combate a la delincuencia y a la preservación de la seguridad nacional”.

Hay minucias aparentes, tras de las cuales se ocultan prácticas de alta corrupción, en asuntos que mucho lastiman a la gente. No habrá partida en el presupuesto a disposición de diputados y senadores (esto para acabar con “la vergonzosa práctica de los llamados moches”). Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los cinco mil pesos. La residencia oficial de Los Pinos será parte del Bosque de Chapultepec y se reconvertirá en espacio para el arte y la cultura. Adiós a la proliferación de oficinas de prensa, pues serán centralizadas en una sola coordinación. Y sólo funcionarios ligados a políticas de seguridad contarán con guardaespaldas.

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