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Víctimas civiles de la guerra inútil

Capital Digital
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Hace 4 meses
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Los Datos Duros/ Por José Reveles

La Secretaría de la Marina ni siquiera los había mencionado en un primer boletín en el que se reportaban tres emboscadas contra elementos navales en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eran la familia de Nellely Aidé Ruiz Martínez, de 28 años, su esposo Efraín Rojas Santos, de 25, y sus hijitas de cuatro y cinco años, quienes fueron abatidos por la fuerza armada.

Cuando se difundió un video en el que Sara, la hermana de Nellely, junto con su padre, reportaron que un marino reconoció el error y que los disparos provenían de un helicóptero, pronto la Marina emitió un segundo comunicado en el que reconoció la muerte de civiles, pero negó que las balas hayan salido de un helicóptero y tampoco desde armas de sus elementos en tierra, pues el calibre .223 no corresponde al utilizado por la Marina.

El resultado es el mismo cuando el eje de la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada está apoyado en la confrontación armada callejera. O se trata de responder a un ataque o es que el operativo para ir tras grupos criminales es frustrado por la capacidad de fuego y movilidad de los presuntos delincuentes.

Cada vez que las fuerzas del Estado actúan bajo esquemas punitivos, y no de la inteligencia preventiva e investigadora, quienes pagan la improvisación o falta de información sobre el ataque enemigo son los ciudadanos.

Las víctimas civiles rebasan, con mucho, aquel tres o cuatro por ciento que solía nombrar, como “daños colaterales” el expresidente Felipe Calderón. No menos de 30 por ciento, es el cálculo de organizaciones civiles. Es decir, cerca de 60 mil ciudadanos abatidos en medio de enfrentamientos, persecuciones, cateos, balaceras, ametrallamientos desde helicópteros artillados, tanto por parte de la delincuencia como por la acción punitiva de Ejército, Marina y policías federales.

El saldo preliminar de las tres emboscadas y las balaceras sucesivas en Nuevo Laredo, según la Armada, era de un marino muerto, 12 más heridos, mientras que cuatro presuntos sicarios habían sido liquidados a balazos. El comunicado no habló de civiles abatidos, aunque la información ya existía y comenzó a correr en redes.

En un lenguaje muy manido, el segundo reporte oficial afirma que “esta institución naval lamenta los hechos donde personas civiles perdieron la vida y resultaron lesionadas (otra vez sin mencionar a dos pequeñitas de cuatro y cinco años), y refrenda su compromiso en favor de la seguridad ciudadana”.

Nuevamente, en un intento por salvar su responsabilidad en los hechos, asegura que personal naval “brindó la atención médica necesaria (a un solo sobreviviente civil entonces) y actuó en estricto apego a los procedimientos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza”.

Las autoridades navales difícilmente reconocerán responsabilidad y equivocación en estos ataques desde helicópteros Sikorsky que fueron adquiridos primero por la Policía Federal en tiempos de Genaro García Luna en 14 millones de dólares, después por la Marina en 28 millones cada uno y, finalmente, 18 helicópteros más de la Secretaría de la Defensa Nacional, tasada cada aeronave en 36.5 millones de dólares, según datos obtenidos por transparencia.

Apenas iniciada la Semana Santa, el gobernador de Nuevo León, Manuel González, recomendó a sus paisanos no pasar por Reynosa. Mejor rodear por Nuevo Laredo para quienes iban a Isla del Padre, Texas. Equivocó el diagnóstico, pues no se sabe cuántos ataques más habrá en esa frontera.

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